Opinión y hechos

Si la familia tradicional no existiera, nos veríamos en la necesidad de inventarla

En resumidas cuentas, estudios de sociólogos prestigiados afirman que si la sociedad se viera precisada a diseñar un sistema que asegurara la satisfacción de las necesidades básicas y fundamentales para los menores, con el objeto de lograr su desarrollo y la transmisión de la cultura en beneficio de la humanidad, llegaría, seguramente, a la conclusión de que el ideal son las parejas heterosexuales en una relación estable, como se da en los matrimonios.
El matrimonio no solo beneficia a los menores sino que tiene, también, notables ventajas a favor de los adultos, es decir para las parejas, de un hombre y una mujer, que se comprometen libremente en él. Los estudios evidencian beneficios de toda índole, desde los económicos hasta los emocionales, los físicos y sociales.

Evidentemente la confianza, la fidelidad, la entrega ---que muchas veces implica sacrificios---, y la actitud de soporte mutuo de la pareja, que se extiende naturalmente hacia la prole dentro del matrimonio, tiene beneficios para los padres y los hijos que no pueden encontrarse, fácilmente, en las relaciones de pareja de otra índole.

George Akerlof, Premio Nobel en Economía, argumentaba que el crimen en Estados Unidos había aumentado, en la década de los setentas y ochentas, en una correlación probada con el deterioro de las tasas de matrimonios entre los jóvenes trabajadores y pobres.

Ya hemos mencionado las consecuencias políticas  del debilitamiento de la familia, en demérito de los derechos ciudadanos por la declinación de la familia tradicional, pero podemos constatarlo, con mayor abundamiento al observar la intromisión, en la vida privada de las personas ---cónyuges, padres de familia e hijos menores---, por parte de abogados, jueces, gobernantes y legisladores. Cuando la familia falla y no es capaz de gobernarse a sí misma y, peor aún, cuando se deteriora hasta llegar al divorcio, el gobierno incrementa su intervención, presuntamente, para tratar de reparar la comunidad que ha sido descoyuntada.

Las familias destruidas van de la mano con el crecimiento de problemas en las comunidades que frecuentemente devienen en violencia, pandillas, promiscuidad, embarazos de adolescentes, y en el fenómeno lastimoso de los niños de la calle. Anomalías que, a su vez, incrementan la intervención del gobierno en una espiral patológica que no parece tener otra manera de revertirse sino volviendo a la institución matrimonial.

Hasta ahora, no hay estudios suficientes para poder evaluar qué tanto son afectados los niños tutelados por parejas del mismo sexo, porque se requieren universos amplios, suficientemente representativos, realizados en un plazo largo para llegar a conclusiones válidas.

La legalización o formalización de las parejas de hecho, como si se tratara de una suerte de “matrimonio” desnaturalizado entre personas del mismo sexo, desde luego, tiene consecuencias negativas para la institución familiar y para la conservación de la especie mediante la procreación, responsabilidad grave que siempre ha estado relacionada con el matrimonio, para la consecución del bien común.

Esa ficción de matrimonio  desestima una realidad evidente: que los niños necesitan tener una madre y un padre como parte sustantiva del mejor entorno para su desarrollo integral, y empobrece, en las nuevas generaciones, la comprensión  de las características positivas que tienen el matrimonio y la familia en la sociedad, exacerbando su dependencia con respecto de las autoridades públicas, en detrimento de su libertad. BAM.

Hechos:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, reinventa la familia ver...

Los obispos católicos del país manifestaron su rechazo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que abre la puerta al matrimonio homosexual.

 “Reiteramos nuestra convicción, basada en razones científicas, sociales y religiosas, que la familia, célula de la sociedad, se funda en el matrimonio de un hombre con una mujer, que por su capacidad procreativa garantizan la supervivencia de la sociedad. De ahí que, por ser de eminente interés social, el derecho civil confiera a esta unión un reconocimiento institucional, que el Estado ha de promover y tutelar para el bien común”, sostuvo en un comunicado.

“No corresponde a la Suprema Corte crear nuevas formas de matrimonio porque ya no sería matrimonio, sino otro tipo de unión”.

Los obispos hicieron hincapié en que es una obligación del Estado garantizar el desarrollo de la familia, tal como lo indica el artículo cuarto constitucional. 

La tesis, difundida en el Semanario Judicial de la Federación, que es posible cotejar en su edición electrónica, sostiene que "las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia".

Esta jurisprudencia no obliga a los estados de la Federación a modificar sus códigos civiles para que se adapten a ella, pero sí permitirá a las parejas homosexuales ampararse para poder contraer matrimonio.

Fuente: CNN México, 19 de junio de 2015. http://bit.ly/1GwXo1C

Inventan derechos y creen que de esa manera pueden modificar la realidad ver...

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la nueva Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, presentada por la diputada Dinorah Pizano Osorio, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, quien destacó que este nuevo ordenamiento es de avanzada porque mandata la no criminalización de la condición joven, así como también fomenta su autonomía y emancipación mediante la participación activa de los mismos como sujetos de transformación social, política y jurídica.

La diputada Pizano Osorio aseveró que con la aprobación de la ley, la Ciudad de México se coloca nuevamente a la vanguardia y como referente de los derechos humanos, al reconocer, ratificar y proteger los derechos de las y los jóvenes con los estándares más altos, aun cuando dijo, hubo “prácticas dilatorias” de quienes se negaban a aprobar el dictamen por querer “negar lo innegable y no querer reconocer una realidad, que a algunos les da miedo: que son los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes”.

Reveló que la capital del país es una de las urbes con mayor población joven: 2 millones 380 mil 815 personas entre los 14 y los 29 años, 27 por ciento de la población total, y más del 60 por ciento de los nacimientos hoy en día (casi 108 mil en 2010) corresponden a hijos de madres jóvenes.

“Lo que significa, dijo la legisladora, que es urgente contar con una ley que garantice a las y los jóvenes acceso a un empleo digno y bien remunerado, derecho a una educación integral, científica, laica, y humanista; el derecho a una alimentación adecuado y al más alto nivel de salud integral gratuita que sea posible; y que respete los derechos de acceso a la cultura, al arte, al deporte, a la ciencia, a la identidad, a la intimidad, al honor y la imagen propia.”

Fuente: Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 9 de julio de 2015. http://bit.ly/1CI6mdL

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